LOS ANGELES – El lunes 3 de noviembre de 2003, se cerró una investigación de 20 meses denominada “Operación Golden Financial”, con la sentencia del último de siete
acusados involucrados en la compleja estratagema de fraude hipotecario. El jefe de la conspiración fue sentenciado a más de 13 años de prisión, una de las sentencias más altas
pronunciadas por una violación de fraude en el Distrito Central de California.
“El robo de identidad no está dirigido a ningún grupo demográfico en particular; más bien, afecta a todos los sectores de norteamericanos; independientemente de la edad, del
sexo, de la nacionalidad o de la raza”, dijo Anthony Chapa, Agente Especial a Cargo de la Oficina de Campo en Los Angeles del Servicio Secreto de Estados Unidos. “En este
caso, los acusados se aprovecharon de víctimas que no sólo carecían de dominio del idioma inglés, sino que también desconocían el sistema financiero norteamericano”.
“Debido a que la mayoría de los delitos de identidad caen bajo la jurisdicción del Servicio Secreto, hemos adoptado una actitud enérgica y seguimos siendo la agencia
principal para la investigación de dicha actividad delictiva”, añadió Chapa.
Los acusados fueron procesados por el Fiscal Auxiliar de Estados Unidos, Mark Aveis, de la Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito Central de California, por los
cargos de conspiración (18 U.S.C. 371), fraude de préstamos (18 U.S.C. 1014) y robo de identidad (18 U.S.C. 1028).
La estratagema de fraude de múltiples facetas había estado funcionando desde 1995, principalmente en los Condados de Kern, Los Angeles y San Diego, cuando los acusados
fueron arrestados en enero de 2003. La investigación del Servicio Secreto reveló que los acusados robaban las identidades de las víctimas y las utilizaban para la compra
fraudulenta de propiedades. En una oportunidad, los acusados convencieron a una víctima para que pagara $70,000 en valor acumulado sobre la propiedad de la hipoteca en
una estratagema de inversión fraudulenta. Se identificaron más de 70 víctimas y las pérdidas por fraude sobrepasaron los $1.8 millones.
Los acusados incluyen a:
Elisa Lugo – Sentenciada a 151 meses (13 años, 7 meses) y a pagar una restitución por un monto de $1,876.170.96.
Margarita Zapico – Sentenciada a 33 meses y a pagar una restitución por un monto de $376,353.80.
Manuel Ponce - Sentenciado a 34 meses y a pagar una restitución por un monto de $426,052.73.
Shari Domínguez - Sentenciada a 24 meses y a pagar una restitución por un monto de $333,526.41.
Francisco Astorga- Sentenciado a 24 meses y a pagar una restitución por un monto de $42,492.92.
María Zavala - Sentenciada a 30 meses y a pagar una restitución por un monto de $225,574.72.
Gabriela Orozco - Sentenciada a 5 años de probatoria y a pagar una restitución por un monto de $123,977.70.
El Servicio Secreto se estableció originalmente dentro del Departamento del Tesoro en 1865 para combatir la falsificación de moneda de Estados Unidos. Desde esa época la
agencia ha estado encargada de la investigación de delitos financieros, así como de la protección de los líderes de la nación, los dignatarios extranjeros visitantes y los eventos
de importancia nacional.
Con la aprobación de nuevas leyes federales en 1982 y 1984, se le otorgó autoridad principal al Servicio Secreto para la investigación de fraude en los dispositivos de acceso,
incluyendo fraude en las tarjetas de crédito y débito, y autoridad paralela con otras agencias de aplicación de la ley en los casos de delitos de identidad. El gran aumento de
estos delitos ha dado como resultado la evolución del Servicio Secreto hacia una agencia que es reconocida en todo el mundo por su experiencia en la investigación de todo tipo de
delitos financieros. Los esfuerzos de la agencia para detectar y evitar los delitos financieros son amplios, enérgicos e innovadores.